Provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Los derechos soberanos de la República Argentina sobre los territorios y mares australes devienen de aquellos que poseía el reino de España y que nuestro país heredó al momento de su declaración de la Independencia, reconocida por las principales potencias del mundo. Las divisiones territoriales generadas desde las bulas pontificias y el Tratado de Tordesillas de 1494 son los primeros antecedentes de los derechos españoles. Los hechos históricos que desembocaron en la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata generaron los derechos históricos y soberanos sobre todos los espacios territoriales y marítimos correspondientes a nuestro país, incluidos las zonas más australes, en donde también existen antecedentes sobre nuestros títulos.

Cabe señalar que nuestras Islas Malvinas fueron descubiertas por Esteban Gómez, navegante al servicio de la corona española, que en 1520 se separa de la expedición de Magallanes y decide retornar a España. En su trayecto de retorno se encuentra con las Islas, a las que le dará el nombre de San Antonio, por ser el nombre del barco que navegaba.

Tras ello, diferentes tratados entre España e Inglaterra, como también entre España y Francia, fueron reforzando los títulos sobre territorios y mares australes a favor de la corona española. En 1810 los territorios y mares australes fueron considerados parte del territorio nacional. En 1820 el comandante David Jewett tomó posesión de las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hecho que tiene continuidad con diferentes militares que, bajo bandera argentina, fueron enviados desde Buenos Aires.

De los siete comandantes que gobernaron las Islas hubo uno que vale destacar, el soldado guaraní Pablo Areguatí, por su patriotismo. Participó en las luchas por la independencia como soldado, con el general Manuel Belgrano, quien lo nombró como primer alcalde de la localidad entrerriana de Mandisoví, donde aún vive su descendencia. Hay antecedentes sobre su negativa a cobrar su sueldo, pues argumentaba que la Patria necesitaba esos fondos. Pablo Areguatí fue nombrado comandante de las Islas Malvinas en 1824.

El 10 de junio de 1829 se crea la Comandancia Política Militar de las Islas Malvinas y Adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico y Luis Vernet es nombrado como primer comandante de estos espacios insulares argentinos. La decisión fue firmada por el gobernador interino de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y refrendado por el gobernador Juan Manuel de Rosas.

El Mar de Hoces, mal llamado Pasaje de Drake, es el paso oceánico que separa Tierra del Fuego de la Antártida, entre el Cabo de Hornos y las islas Shetland del Sur. Este paso marítimo es la más meridional de las rutas de comunicación entre el océano Pacífico y el océano Atlántico. Para hablar del descubrimiento de la Antártida y sus aguas, debemos remontarnos a 1603, cuando el explorador español Gabriel de Castilla divisó las Shetland del Sur. En 1756, el navío español “León”, procedente del Perú con destino a Cádiz, fue arrastrado por un temporal al sur del Cabo de Hornos y el 28 de junio avistó una isla a la que denominaron San Pedro.

La primera presencia argentina oficial en aguas antárticas data de septiembre de 1815, durante la guerra de independencia, cuando el entonces coronel de marina Guillermo Brown, a bordo de la fragata Hércules, acompañada del bergantín Trinidad, fue arrastrado por un temporal al sur de la convergencia antártica y observó indicios de tierra cercana a los 65° de latitud sur.

En 1818 hubo solicitudes de foqueros y loberos para instalarse en zonas antárticas, lo que revela que ya había conocimiento fehaciente de la existencia de estos territorios. Durante el siglo XIX siguieron las solicitudes de exploración y explotación en los mares australes y Antártida, así como también las incursiones científicas. En 1900 y 1901 se instalaron en la Isla de los Estados una base meteorológica y un faro, con la finalidad de servir de apoyo a las travesías hacia la Antártida. El 22 de febrero de 1904 Argentina se hizo cargo de una instalación meteorológica ubicada en las Islas Orcadas del Sur y desde ese momento nuestro país mantiene ocupación permanente en la Antártida.

La soberanía argentina comenzó en la parte oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego hacia mediados del siglo XIX, cuando el marino Luis Piedrabuena empezó a explorarla regularmente. Para 1870, se había asentado en la zona una misión de anglicanos y poco tiempo después llegaron grupos salesianos.

El 16 de octubre de 1884 el gobierno argentino promulgó la Ley 1532 de «Organización de los territorios nacionales», por la cual el extenso territorio patagónico fue subdividido en las gobernaciones de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Los límites de la Gobernación de la Tierra del Fuego fueron fijados como: Gobernación de la Tierra del Fuego, con sus límites naturales, según el tratado del 23 de julio de 1881, y además la Isla de los Estados.

Valen estas líneas para indicar los fundamentos sobre la indiscutible pertenencia de estos territorios a la República Argentina, a partir de lo cual apuntaremos al proceso de organización nacional. A partir de 1810 las luchas no se dieron solo por la independencia de España, sino que también hubo una gran influencia de terceros países, a través de un grupo de comerciantes que operaban antes del 25 de mayo y la diplomacia Inglesa, que estuvo presente en toda Latinoamérica. Claro ejemplo es lo ocurrido en 1815, cuando el director supremo, Carlos María de Alvear, envía a la corona británica una carta en donde solicita a Inglaterra que admitan a estas provincias ser súbitos de esa corona en los siguientes términos:

Cinco años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indudable a todos los hombres de juicio y opinión, que este país no está en edad ni estado de gobernarse por sí mismo, y que necesita una mano exterior que lo dirija y contenga en la esfera del orden antes que se precipite en los horrores de la anarquía (…). En estas circunstancias, solamente la generosa Nación Británica puede poner un remedio eficaz a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas Provincias que obedecerán su Gobierno, y recibirán sus leyes con el mayor placer, porque conocen que es el único medio de evitar la destrucción del país, a que están dispuestos antes que volver a la antigua servidumbre, y esperan de la sabiduría de esa nación una existencia pacífica y dichosa (…). Estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso.^{Nota 35}

Así fue que, después de varios intentos, el 9 de julio de 1816 las Provincias Unidas de Sud América declaran su independencia de España “y de toda otra dominación extranjera”. Las provincias que enviaron representantes fueron Buenos Aires, Tucumán, San Luis, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Charcas, Chichas, Córdoba, Mizque y posteriormente Santiago del Estero y Salta. La declaración de la independencia no significaba que ya éramos libres, sino que el objetivo estaba marcado por esa declaración, pues hubo ausencias de otras provincias y grandes sectores en donde no se tenía el pleno dominio territorial.

Durante el siglo XIX se fueron agregando y perdiendo territorios. Así fue que, ante la falta de conformación provincial en algunos espacios territoriales, durante la gobernación de Bartolomé Mitre se crean los Territorios Nacionales, figura contradictoria devenida del derecho anglosajón. Las potencias anglosajonas utilizaban esta figura para gobernar aquellos territorios comprados o adquiridos por la fuerza, a los que luego, con el asentamiento de población propia, se les iban dando mayores derechos. Mientras se sostuviera esta forma de gobierno, esos territorios eran pasibles de reclamos por parte de otras potencias. No es el caso de nuestros territorios, dado que nuestra soberanía deviene del “derecho de heredad”. Es así que durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón se provincializan todos los territorios nacionales existentes, siguiendo la historia y figuras del derecho indiano.

En 1951 se provincializaron los territorios del Chaco y La Pampa. En 1953 se provincializa el territorio de Misiones y en 1955, a través de la Ley 14.408, el resto de los territorios nacionales, incluida nuestra Tierra del Fuego, como parte de la provincia de la Patagonia. Luego del golpe de Estado de 1955, el dictador Pedro Aramburu, en 1956, anula la provincia Patagonia, recortando su territorio a la parte continental y dándole el nombre de Santa Cruz. El 28 de febrero de 1957 el Decreto-ley Nº 2191 restablece el territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, fijando sus límites:

Artículo 2.º El territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud comprende: la parte oriental de la isla Grande y demás islas del archipiélago de la Tierra del Fuego e Islas de los Estados y Año Nuevo, conforme a los límites fijados por el tratado del 23 de julio de 1881, las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur, las Islas Sandwich del Sur y el sector Antártico Argentino, comprendido entre los meridianos 25 Oeste y 74 Oeste y el paralelo 60º Sur.

A partir de allí comienza nuevamente una lucha por la provincialización. Primero con los pedidos de Esther Fadul, como delegada fueguina en la Cámara de Diputados. En Tierra del Fuego crecía la indignación porque los funcionarios que no conocían la realidad provincial eran quienes los gobernaban. Es así que en distintas conversaciones de dirigentes justicialistas fue naciendo la idea de impulsar una ley para provincializar Tierra del Fuego. Eran años en los que el entonces concejal Daniel “Nene” Martínez contaba con la colaboración de un dirigente porteño, Miguel Vacas, y surgía esta idea que fue tomando fuerza durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. En el año 1975, en la ciudad de Río Grande los militantes de la JP, Guillermo Penazzo, Rodolfo Canalis y el mismo Daniel Martínez, elaboraron un Proyecto de Constitución para la futura provincia. Un hito histórico que fue refrendado por el Concejo Deliberante de Río Grande. Con la llegada a Río Grande de un joven militante peronista, Martin Torres, y la conveniente organización con otros jóvenes dirigentes de Ushuaia –entre otros, Adrián de Antueno–, el proyecto se fue haciendo popular y bandera del Peronismo Fueguino.

En esos momentos los dirigentes de los partidos políticos vecinales, los cuales conformaron luego el Movimiento Popular Fueguino, sostenían que no era conveniente ser provincia, dado que “es mejor ser un Territorio rico que una Provincia pobre”. Con la vuelta de la democracia en 1983, Martín Torres asumió como diputado nacional y en marzo de 1984 presentó el proyecto de provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. A este proyecto luego se lo llamó el proyecto de Provincia grande. Meses después, presentó otro proyecto el diputado por el radicalismo, Adolfo Sciurano.

En abril de 1986 el entonces presidente Raúl Alfonsín presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de provincialización. El proyecto no mencionaba a las demás islas del Atlántico Sur, ni a la Antártida, por lo que se lo denominó el proyecto de provincia chica. Días después se incorporaron al proyecto la Isla de los Estados y Año Nuevo. Las posturas de las tres fuerzas políticas más importantes de Tierra del Fuego quedaron bien definidas. En el caso de la propuesta presidencial se exponía a un riesgo mayor, dado que dejaría a esos territorios sin asentamiento poblacional argentino, una de las bases fundamentales de reclamo soberano de cualquier territorio. La necesidad imperiosa de provincializar tenía que ver con el afianzamiento de la integridad territorial argentina, con la igualdad de derechos democráticos de todos los argentinos y con fortalecer los derechos soberanos de nuestro país en el marco geopolítico. No es lo mismo un territorio anexado a un Estado que decide pertenecer a la República Argentina. Uno de los principales fundamentos del proyecto de provincia grande era el de mantener la unidad histórica, política y jurídica, con lo cual la población argentina radicada en la Isla grande de Tierra del Fuego podría expandir su soberanía popular a la Antártida y demás islas del Atlántico Sur.

El 29 de abril de 1986 se sancionó la Resolución Nº 01/86 de la legislatura fueguina, una decisión unánime de sus miembros y acompañada por los partidos políticos, incluso aquellos que no tenían representación parlamentaria, en la que se expresaba la opinión del pueblo fueguino por medio de sus representantes. Reclamaba al Poder Ejecutivo Nacional la inclusión en el proyecto de Ley de Provincialización de los límites del actual Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En octubre del año 1986, en la Cámara de Diputados, el proyecto radical recibió media sanción y pasó a la Cámara de Senadores.

El peronismo fueguino se movilizó y realizó una serie de acciones a nivel local y nacional. Se recorrieron las oficinas de diputados y senadores de distintas provincias, se entrevistó a los posibles candidatos peronistas a la Presidencia de la Nación con la finalidad de comprometerlos con la provincialización. En ese devenir, en septiembre de 1988 se trató el proyecto en el Senado, que con mayoría peronista se aprobó, incorporando las Islas del Atlántico Sur y la Antártida, con lo cual el proyecto de Provincia grande salió favorecido y volvió a la Cámara de Diputados. Hubo que esperar dos años para que el peronismo alcanzara la mayoría en Diputados para tratar el proyecto que volvía del Senado. Así las cosas, el 25 de abril de 1990 comienza su tratamiento, aprobándose el 26 de abril a las 04:47 hs de la madrugada la Ley de Provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El 10 de mayo de 1990, bajo la presidencia del Dr. Carlos Saúl Menem, se vetó parcialmente la ley mediante el decreto 905/90, en donde se sacó del artículo primero toda referencia geográfica, naciendo la nueva provincia con los límites que tenía como Territorio Nacional:

Artículo 1º. Declárese provincia conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 67 inciso 14 de la Constitución Nacional, al actual Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 2º. En lo que se refiere a la Antártida, Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y demás islas subantárticas, la nueva provincia queda sujeta a los tratados con potencias extranjeras que celebre el gobierno federal, para cuya ratificación no será necesario consultar al gobierno provincial.

Es importante tener en cuenta que, de acuerdo a las modificaciones de la Constitución Nacional en 1994, cualquier alteración jurisdiccional o territorial de cualquier provincia requiere de la aprobación de su gobierno y legislatura provincial respectiva. Ese mismo año, se convocó a elecciones de constituyentes. Al año siguiente los convencionales redactaron la Constitución Provincial, que fue jurada el 1 de junio de 1991. De esa fecha surge una contradicción histórica que llega hasta nuestros días respecto de cuál es la fecha de nacimiento de la provincia. Si bien queda muy claro que las Naciones o Estados provinciales no nacen con una Constitución, en este caso se entendió que esta terminaba de formar a la provincia y por tal motivo se instauró al día de jura de la constitución como Día de la Provincia.

En realidad, las provincias no se autodeclaran, ya que el único organismo nacional con capacidad legal para crear una provincia es el Congreso Nacional, que en este caso lo realizó el 26 de abril de 1990, por lo cual ese debería ser el Día de la Provincia. La entonces legisladora provincial Norma Martínez presentó un proyecto en el año 2006, que la legislatura transformó en Ley 697/06, en donde se determina que el 26 de abril de 1990 es el Día de la Provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Paralelamente a este derrotero histórico, es preciso poner de relieve las implicancias sociales y culturales de la provincialización. Tierra del Fuego ha logrado, mediando tres oleadas migratorias importantes –con el auge petróleo en 1960, la industria promocionada en 1980 y luego a partir del 2003–, consolidar una sociedad homogénea y con características propias, con ciudades pujantes y una buena calidad de vida pese al factor climático y, aun cuando las posibilidades económicas siguen siendo la principal motivación para residir en este inhóspito rincón de la patria, se ha trazado un camino de arraigo con varias generaciones de fueguinos que ya afirman su pertenencia de nacimiento a esta tierra.

Vale decir que esto no es casual, puesto que el régimen tributario diferenciado de la Ley 19.640 fue justamente ideado para tentar a las empresas a localizar sus plantas en la Isla Grande y, tras ello, a los trabajadores para que la habiten, no obstante lo cual no se ha dado la tarea de hacer docencia sobre la población respecto de los fines soberanos que tuvo la instrumentación de la ley. Siempre se habló de “la isla de la fantasía” en términos de oportunidades económicas, pero nunca se reparó en que Tierra del Fuego es el último bastión continental de la Argentina americana en el Atlántico Sur y la cabecera de la Argentina Antártica, enclavada en el centro de nuestro territorio bicontinental, sobre la unión de los océanos Pacífico y Atlántico.

Este inconmensurable valor estratégico y de recursos parece todavía ser invisible al sentido común fueguino. Sentido común que además es continuamente bombardeado por construcciones culturales foráneas que pretenden construir hegemonía, extrañeza y debilitamiento al ejercicio de la nacionalidad y la soberanía. Estos parajes, profusamente visitados y explorados por los ingleses, estadounidenses, noruegos, franceses y daneses, se ven desde tiempos remotos amenazados e influidos por las ambiciones de esas potencias, aun en estos tiempos en los que los recursos son otros, pero las intenciones son las mismas.

En ese sentido nos queda un camino por recorrer, en la generación de conciencia acerca del valor geopolítico y de recursos de nuestra provincia y mucho más en la tarea de desnaturalizar todos esos objetos culturales que resultan extranjerizantes. Vemos nuestra toponimia invadida, nuestro canal Onachaga es nombrado oficialmente Beagle, como la embarcación de Fitz Roy, y nuestras Islas “Sandwich”, como algún Barón Británico. Son todas denominaciones que se refuerzan como legítimas a diario, cuando introducimos en nuestro lenguaje cada vez más términos en el idioma del invasor, incluso con la creencia de que dicha práctica nos muestra más cultos.

Como toda praxis humana, la soberanía se ve atravesada por varias dimensiones del devenir de nuestras sociedades. Será preciso entonces desenmascarar a los polizones del sentido común y empezar a construir una noción de soberanía que tenga un basamento integral, desde el entendimiento de nuestra situación geográfica y nuestro valor estratégico, hasta la exaltación de la nacionalidad argentina en la práctica cultural y del lenguaje.